Linchamientos por partida doble

La semana pasada sucedieron dos linchamientos en Puebla e Hidalgo respectivamente, motivados por el rumor de que las víctimas eran supuestos robachicos. Los linchamientos son originados por faltas o delitos reales o imaginados. Según lo que yo he podido analizar, el porcentaje de casos motivados por rumores es menor al porcentaje de casos causados porque se encuentra a las víctimas delinquiendo en flagrancia. Sin embargo, los casos de la semana pasada han recibido especial atención, además de porque hubo víctimas mortales –y cuando no hay personas muertas, los medios no prestan tanto interés-, por el hecho de que coincide con una ola de noticias falsas viralizadas en redes sociales acerca de supuestos robos de niños. Esta ola ha alcanzado una dimensión casi nacional y merecería ser mucho mejor investigada no sólo desde el punto de vista legal-penal, sino también desde el punto de vista mediático-académico. Que yo recuerde, en México es prácticamente la primera vez que asistimos a un fenómeno similar, donde las redes sociales viralizan y extienden a nivel casi nacional información falsa que provoca más de un linchamiento, a diferencia de países como India, donde el uso de redes sociales para incitar linchamientos es un hecho tristemente común. En esta nota no voy a centrarme en esta dimensión del fenómeno, pero quiero dejar apuntado que efectivamente las redes sociales ahora han jugado un papel protagónico al contribuir a la generación de pánico o psicosis colectiva, pero que de ninguna manera el fenómeno de los linchamientos en México se agota ahí. La causa profunda no se halla en la difusión electrónica noticias falsas.

            Los linchamientos en México son de diferentes tipos. De manera general y considerando el actor colectivo que los protagonizan, son colectividades donde sus miembros son parte una misma comunidad o son colectividades que se forman espontáneamente y se disuelven inmediatamente después de perpetrado el acto. En el primer caso, estas colectividades habitan en diversos contextos: pueblos rurales, semi rurales o urbanos, así como colonias y barrios urbanos. En el segundo caso, las colectividades que se forman tienen la característica de que sus miembros temporales no se conocen ni tienen vínculo alguno. Como vemos, los dos linchamientos ocurridos la semana pasada, en la comunidad de San Vicente Boquerón (Acatlán de Osorio, Puebla) y en el pueblo de Santa Ana Ahuehuepan (Tula de Allende, Hidalgo), corresponden al primer tipo de linchamientos.

            El caso de San Vicente Boquerón llama particularmente la atención porque se sitúa en Puebla, que es una entidad que desde hace varios años registra un muy alto índice de linchamientos y que en tiempos más recientes son parte del tétrico paisaje de criminalidad y violencias que asola a esa entidad –feminicidios, huachicol, delitos de alto impacto (homicidios, secuestro, extorsión, robos con violencia, violación, etc.)-. Haya o no víctimas mortales, todo linchamiento es grave, sin embargo, los linchamientos espontáneos que muy frecuentemente se registran en varios puntos de la geografía urbana del centro del país no generan el grado de interés y crispación social que suscitan los casos como el de Puebla. Incluso, comparado con el caso de Hidalgo, en estos días el primero ha recibido mucha mayor atención mediática, consternación y condena; es posible que en parte el tema que referí al principio, del papel de las redes sociales, propicie mayor sensibilidad, pero lo cierto es que estos linchamientos han venido ocurriendo desde hace tiempo, que no son nuevos y no tienen nada de “inexplicable” ni pueden ser reducidos al momento de máximo paroxismo.

            En los últimos veinte años, la mayor parte de los pueblos que protagonizan linchamientos padecen un alarmante proceso de despojo de tierras, bienes y recursos naturales, de invasión de territorios, así como de un crecimiento agudo de la inseguridad y el crimen, todo ello frente a un aparato de justicia francamente omiso e inoperante. Tan solo en Puebla en lo que va del año, según cifras del secretario general de Gobierno, ha habido 146 episodios de linchamiento, en los que ha habido 15 víctimas mortales y 201 personas rescatadas. Por más que se diseñen y con suerte se implementen “protocolos” de seguridad específicos para atender estas emergencias, lo cierto es que el fenómeno no cesa y no existe ningún tipo de estrategia de prevención y atención en las regiones o entidades afectadas por este fenómeno. Mención particular merecen las declaraciones enmarañadas del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “Esto no es justicia, esa es barbarie y hay que sancionar a quienes incitan e impulsan este tipo de soluciones. Pero también hay que corregir las debilidades institucionales. (…) [La desesperación] no puede llevar al extremo de hacer justicia por propia mano, porque vamos a caer en estado selvático, en donde lo que impere es quién puede más. Tenemos que darle a la sociedad, a esa sociedad indignada porque no hay procuración de justicia, respuesta fortaleciendo a las instituciones, pero tenemos que dar garantías a la ciudadanía de que mañana ninguno de nosotros puede ser confundido en una justicia malamente llamada justicia por propia mano.” ¿Qué es exactamente lo que la CNDH y las comisiones estatales han hecho ante este fenómeno; qué acciones preventivas y de pedagogía social han promovido con las autoridades gubernamentales y judiciales ante los altos índices de linchamientos –y de otras formas de justicia por mano propia- que tenemos en la actualidad?

Lo que vemos es que hay nula claridad institucional de qué hacer al tiempo que es urgente la comprensión de este fenómeno. Calificar a la gente como salvaje, enferma o loca no ayuda absolutamente en nada. Linchar a los linchadores poco contribuye a entender, prevenir y educar. Los agravios históricos y recientes cometidos en prejuicio de los habitantes de estos pueblos necesitan ser considerados y analizados como parte del contexto de los linchamientos que, huelga repetirlo, no son usos y costumbres, sino efectos de las múltiples violencias que se sufren en estos lugares. A unos días de que se cumplan 50 años del fatidíco y famoso linchamiento de Canoa, precisamente en Puebla, resulta preocupante primero, que ese caso sea el único referente para entender los linchamientos actuales, y segundo, que se repitan insistentemente las nociones de salvaje, barbarie y demás para caracterizarlos. Los habitantes de estos pueblos no son animales, ni son humanos evolutivamente inferiores, ni son salvajes; son actores colectivos que asombrosamente sobreviven en medio de condiciones de marginación criminales. San Vicente Boquerón es parte del municipio de Acatlán de Osorio, ubicado en la región mixteca del estado de Puebla y que ocupa el sexto lugar en la lista de receptores de remesas. Pese a los altos índices de pobreza, analfabetismo, malas condiciones de salud y desnutrición, desempleo y violencia, los mixtecos de Puebla buscan la manera de sostenerse mediante su intenso trabajo fuera del país. Son poseedores de una cultura rica y ancestral y mantienen, pese a todo, formas de organización comunitaria de las que se necesitaría echar mano para atender este problema.

Los culpables de los linchamientos deben ser enjuiciados, sí, pero esto no va a ser suficiente si las autoridades no piensan en acciones de pedagogía social, especialmente para los más jóvenes, y en mecanismos de resolución de conflictos y de mitigación de la violencia a partir de procesos comunitarios basados en su historia y experiencia. El dolor y la atrocidad pueden ser procesados y encausados mediante ejercicios sociales de escucha, reparación y perdón. Los linchamientos no son un problema de “otros”, de los otros lejanos y desconocidos, sino un problema nacional que nos atañe a todos.

Linchamientos usados en campaña sucia electoral

Según varios medios de información (El Universal, Tabasco Hoy, etc.) el día 30 de abril se registró el linchamiento de dos presuntos delincuentes en el estado de Tabasco, uno en Villa Vicente Guerrero, municipio de Centla, y otro en Tamulté de las Sabanas, en el municipio de Centro. Sin embargo, el segundo caso ocurrido en Tamulté se convirtió en noticia varios días después, en concreto el día 5 de mayo, cuando en Twitter se divulgó un video con imágenes explícitas. El video divulgado está siendo utilizado como elemento de la campaña sucia en el contexto electoral en contra del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), esto porque en esas imágenes se escuchan gritos en contra de varios políticos (se menciona a Ricardo Anaya, a Enrique Peña Nieto y al final se escucha un grito de “¡Viva Morena!”).

Vayamos por partes. En un hecho de violencia colectiva como lo es un linchamiento se entremezclan muchos elementos que es necesario diferenciar. En primer lugar, la violencia es real, existió, nadie puede negarlo, pero la manera en la que el hecho violento es reproducido (por reproducido me refiero a las formas en las que fue registrado y después divulgado) influye en nuestra manera de percibir y juzgar el hecho. En los años recientes, México ha sido escenario de un muy alto índice de fenómenos de violencia colectiva, particularmente actos de justicia por mano propia –ya sean linchamientos o ajusticiamientos cometidos por vengadores solitarios, especialmente- y me atrevo a decir que esto ya se ha normalizado, puesto que pocas veces los casos llegan a convertirse en noticia importante. Los casos sí aparecen en los periódicos pero casi nunca merecen atención, salvo cuando alguno se “politiza”, es decir, se le confieren atributos relacionados directamente con cuestiones políticas; en estricto sentido, todos los linchamientos tienen una dimensión política, pero no todos se politizan. Un linchamiento se politiza, por ejemplo, cuando es utilizado por medios de comunicación o adversarios políticos para atacar a las autoridades que gobiernan en los lugares donde aconteció el hecho.

En segundo lugar, cuando ocurre un linchamiento es necesario examinar el contexto en el que ocurre. Tabasco es una entidad con altos índices de violencia incluidos linchamientos; aunque no es el estado donde más se registran, en los últimos años ha ocurrido un número importante. De modo que lo acontecido en Tamulté no es un caso extraordinario, más bien todo lo contrario: en varios municipios de Tabasco los episodios de justicia por mano propia son más frecuentes de lo que suponemos. Entonces, ¿por qué este linchamiento está siendo noticia, de manera descontextualizada, usando solamente un video que muestra además de imágenes explícitas, un momento de todo un proceso confuso que es un linchamiento?

En tercer lugar, como dije arriba, el linchamiento es un fenómeno de naturaleza aparentemente caótica, desordenada, recubierta de rumor y prejuicio y por lo tanto no puede ser entendido únicamente a partir de una de sus partes o momentos (en este caso, un video fragmentado reproducido por ciertos medios con cierta intencionalidad, porque ya sabemos que ningún medio es absolutamente objetivo). Hacer eso conlleva el riesgo de contribuir a la desinformación, a la falta absoluta de respeto a la dignidad de las víctimas, a la estigmatización de las poblaciones de los lugares donde acontece un hecho así, a la pornografía de la violencia y en última instancia a la confusión y la opacidad. Mientras no exista suficiente información acerca de lo sucedido –y para eso se necesitan mucho más que reportes de prensa o en tal caso piezas de periodismo de investigación mucho más profundas-, lo que se puede saber es poco y es parcial. No sabemos si hubo incitadores y en tal caso su identidad, no sabemos qué tipo de problemas o rencillas existen en la comunidad en la que aconteció el hecho, entre otras muchas cosas importantes de saber para comprender lo sucedido.

Por lo tanto, desde mi perspectiva y como alguien que ha investigado linchamientos en el México reciente, me atrevo a decir lo siguiente acerca del uso político del caso de Tamulté como parte de la campaña sucia en contexto electoral:

-          - Que exista un video de un momento del linchamiento en el que se escuchan gritos en contra de varios políticos y alguna consigna política no es suficiente para asegurar que quienes protagonizaron el linchamiento son militantes de Morena.

-          - Desprender de la existencia de este video la afirmación de que los militantes de Morena llaman a la violencia también es falaz, primero por lo que dije arriba, no sabemos si efectivamente son militantes de Morena, y segundo porque un hecho así mostrado, sin contexto y aislado, para emitir culpabilidad sin pruebas es falto de cualquier sentido de justicia.

-         - Usar un video fragmentado de un linchamiento para politizar un hecho así, específicamente para abonar a una campaña sucia en contexto electoral es ruin. Deducir a partir de ese video que los militantes o simpatizantes de Morena “amenaza con hacer lo mismo con los contrincantes de AMLO” (como dijo Heriberto Yepez en su cuenta de Twitter), es algo muy irresponsable y absolutamente repudiable. Lo de Yepez es sólo un ejemplo de varios (incluido el uso que también hizo el pseudoperiodista Ricardo Alemán, quien en este mismo contexto hizo una apología del delito mediante un meme para un posible asesinato del candidato presidencial de Morena).

      Tan repudiable es un linchamiento como quienes lo usan para llevar agua al molino de sus filias, fobias o teorías de conspiración de su preferencia. Pero en medio de la campaña sucia electoral, es particularmente preocupante ver los modos de manipular el tema de la violencia a partir de noticias e imágenes fragmentadas y sacadas de contexto.